Doe Run: Junta de Acreedores aprobó solicitar la adjudicación directa

La Junta de Acreedores de la minera Doe Run Perú aprobó este miércoles la solicitud de adjudicación directa de los trabajadores para comprar el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza, valorizadas en más de US$130 millones. La solicitud fue aprobada luego de que tres rondas de remates de los activos fueran declarados desiertos por falta de postores en lo que va del año.

La determinación fue adoptada con un amplio margen, ya que se obtuvo más del 80% de los votos gracias al apoyo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de Doe Run Cayman —empresa vinculada a Doe Run Perú—, que tienen el 34% y 32.4% de acreencias, respectivamente. Seis compañías se abstuvieron: AFP Integra, AYS S.A.C, Buenaventura, Depósitos Químicos Mineros, Prima AFP y Volcan.

En conversación con SEMANAeconómica, Juan Cangalaya, asesor de los acreedores laborales de Doe Run Perú, explicó que aunque los acreedores tienen hasta el 15 junio para realizar el pago correspondiente de la mina Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya, dicho plazo puede ser prorrogable. También sostuvo que referencialmente, los acreedores laborales podrían disponer del 60% de la deuda corriente laboral para pagar la mina Cobriza, y el 50% de la deuda concursal para pagar el CMLO. Sin embargo, “las cantidades exactas” serán difundidas en la liquidación final programada para junio.

A UN PASO

De acuerdo a datos de febrero, la deuda corriente ascendía a US$61 millones y la deuda concursal a US$44 millones. Cangalaya estimó que en la quincena de junio la deuda laboral corriente subiría a US$70 millones y la deuda laboral concursal se mantendría en US$44 millones. No obstante, dado que no todos los trabajadores suscribieron la solicitud de adjudicación de los activos de Doe Run, se deberá hacer el cálculo de la deuda corriente y la deuda concursal que efectivamente pertenecen a los cerca de 1,260 trabajadores que desean adjudicarse los activos, de un total de más de 3,400 trabajadores.

Cangalaya señaló que Dirige, encargada de liderar las subastas de Doe Run, informó que los más de 1,200 trabajadores tenían a abril alrededor de US$32 millones por deuda corriente laboral, pero que tras la deducción del impuesto de quinta categoría pasaría a cerca de US$27 millones. Así, si los trabajadores que desean adquirir la mina Cobriza tendrían que conseguir poco más de US$40 millones para adjudicarse el activo.

“Si quieren pagar primero Cobriza deberán encontrar US$40.6 millones en cash, porque conforme el mecanismo acordado no pueden recurrir a la deuda concursal porque se deberá pagar: honorario del liquidador, provisionar gasto de liquidación final, impuesto a la renta, pagar a los acreedores laborales que no participan en el modo adjudicación”, explicó Juan Cangalaya. “Es un reto para los acreedores laborales”, agregó.

Pero, ¿cómo podrían adquirir también el Complejo Metalúrgico de La Oroya? En el caso de que los acreedores laborales se adjudicaran la mina Cobriza, quedaría un saldo de la deuda laboral corriente, asegura Cangalaya. Si éste fuera de US$3 millones, los acreedores tendrían que pagar US$45 millones en efectivo y US$20 millones con deuda laboral concursal para así poder pagar los US$68 millones que vale el complejo.

EL RETO

El año pasado el Ejecutivo autorizó una “prórroga extraordinaria” hasta el 28 de agosto para vender los activos de Doe Run. Inicialmente se pensó que la modificación de los estándares de calidad ambiental volvería más atractivo la compra, no obstante, las rondas continuaron sin generar inversionistas interesados debido a la baja rentabilidad de la refinería de La Oroya. La última ronda para el CMLO se realizó el pasado 9 de abril, pero el proceso quedó desierto. Lo mismo ocurrió el 30 de marzo, cuando se realizó el tercer remate de la mina Cobriza.

Después de que los remates de los activos que se realizaron en marzo y abril último fueron declarados desiertos, de acuerdo al procedimiento explicado por el MEM, cualquier acreedor podía solicitar la adjudicación de los activos dentro del plazo de 10 días hábiles. Este derecho fue ejercido por los acreedores laborales, quienes según el ministerio gestionarán el financiamiento correspondiente de los activos.