Ecuador reabre el registro de concesiones mineras tras siete años de congelación

El registro se había cerrado en medio de preocupaciones sobre irregularidades en el sistema de concesiones. Desde entonces, no se han concedido nuevas licencias. Ahora, las autoridades, incluidos los ministerios de Medio Ambiente, Energía y Minas, han renovado su poder para identificar actividades mineras ilegales en todo el país y pueden recurrir a la policía y las fuerzas armadas cuando sea necesario.

La Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció que se aceptarán nuevas solicitudes de exploración y concesiones de forma gradual. El proceso se iniciará en el tercer trimestre de este año, empezando por la pequeña minería no metálica, como la caliza y la arcilla utilizadas en cemento y cerámica. La pequeña minería metálica seguirá en septiembre. El registro se reabrirá completamente a otros tipos de minería a principios de 2026.

Para obtener una concesión, los solicitantes deben demostrar al menos dos años de experiencia minera, nacional o internacional. La estatal Empresa Nacional de Minería (Enami) será la primera en presentar solicitudes.

En respuesta a las críticas de grupos locales, en particular la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que representa a unas 10.000 comunidades, Manzano defendió la política. Dijo que el Gobierno está centrado en construir un sector minero competitivo y responsable que impulse la inversión, mejore las condiciones de vida locales y garantice un mejor uso de los recursos naturales.

«Lo que estamos haciendo es lo mejor para el país», dijo Manzano. «Es riqueza que se está robando ilegalmente».

A la zaga

A pesar de su riqueza mineral -sobre todo cobre, oro y plata-, Ecuador se ha quedado rezagado con respecto a líderes regionales de la minería como Chile y Perú. El desarrollo se ha visto frenado por problemas legales y la oposición de grupos indígenas. El año pasado, las exportaciones mineras de Ecuador superaron los 3.000 millones de dólares.

La minería ilegal se ha extendido a 19 de las 24 provincias del país, con focos importantes en Esmeraldas, Imbabura y Azuay. Las áreas protegidas también se han visto afectadas. Informes internacionales, incluido uno del Departamento contra el Crimen Organizado Transnacional (DTOC) de Estados Unidos, han detallado la corrupción en el sector.

El medio de investigación Mongabay descubrió que se habían otorgado 652 concesiones mineras sin los procedimientos adecuados. También informó de un aumento de las plantas de procesamiento de oro no autorizadas y de la violencia vinculada a grupos delictivos.

Al menos seis grandes y medianos proyectos mineros comenzarán a funcionar en los próximos cuatro años. Entre ellos figuran el proyecto de oro Cangrejos de CMOC, la fase 1 de cobre-oro Cascabel de SolGold (LON: SOLG) y el proyecto de cobre y molibdeno Warintza de Solaris (TSX: SLS)(NYSE: SLSR). También están SilverCorp (TSX: SVM) y Salazar (TSX-V: SRL) con su proyecto de cobre-oro Curipamba-El Domo, y la ampliación de la mina de cobre Mirador Norte, explotada por EcuaCorriente, que cuenta con respaldo chino.