Licencias sociales en minería: por qué hoy pesan más que los permisos técnicos

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Licencias sociales en minería: por qué hoy pesan más que los permisos técnicos y qué proyectos viables se detuvieron por falta de aceptación.

En el actual contexto de la minería global, la licencia social para operar (LSO) ha emergido como el factor más crítico para el éxito de los proyectos extractivos, incluso por encima de los permisos técnicos y ambientales. Más allá de cumplir con marcos legales y obtener autorizaciones oficiales, las empresas mineras deben asegurar la aceptación continua de las comunidades locales y las partes interesadas para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones.

La licencia social es un concepto no formalizado jurídicamente, pero con un impacto tangible en la ejecución de proyectos. Se trata de la aceptación y consentimiento tácito de la población afectada por la actividad minera, que va desde comunidades rurales hasta organizaciones civiles y autoridades locales. Sin este respaldo, incluso los proyectos que cumplen rigurosamente con los requisitos técnicos y ambientales pueden enfrentar resistencia, bloqueos, protestas e incluso suspensión total.

¿Por qué pesa más que los permisos técnicos?

1. Aceptación comunitaria como activo estratégico:
   La confianza local influye directamente en la continuidad de las operaciones. Un proyecto sin aceptación puede generar conflictos, elevar costos, atrasar cronogramas o incluso provocar su cancelación definitiva.
2. Riesgos económicos y reputacionales:
   Aunque un proyecto tenga todos los permisos técnicos y ambientales otorgados, la falta de licencia social puede afectar su valor de inversión, financiación y relaciones con socios estratégicos.
3. Gestión de expectativas y beneficios compartidos:
   Las comunidades esperan participación en los beneficios, transparencia en la gestión y acciones que mitiguen impactos ambientales y sociales. Las empresas que no alinean sus estrategias con estas expectativas enfrentan una creciente desconfianza pública.

Casos recientes donde la falta de aceptación social detuvo proyectos viables

La historia reciente demuestra cómo la ausencia de licencia social puede paralizar proyectos, aun siendo técnicamente viables:

Proyecto Tía María (Perú)

En el desierto de Islay, Arequipa, el proyecto Tía María, impulsado por Southern Perú Copper, generó una fuerte oposición comunitaria desde mediados de la década de 2010. A pesar de contar con licencias ambientales y técnicas, las protestas locales provocaron conflictos con pérdidas humanas y paralización de actividades. En 2019, el Consejo de Minería suspendió la licencia de construcción por 120 días debido a la falta de consenso social, evidenciando que sin aceptación comunitaria, los permisos técnicos no garantizan continuidad.

Tambogrande (Perú)

Este caso emblemático en Piura muestra cómo una comunidad organizada puede revertir un proyecto minero. Aunque Manhattan Minerals contaba con los estudios y permisos requeridos para explorar oro, una consulta vecinal en 2002 rechazó la minería por un 98.65%, priorizando la agricultura. Esto llevó al Gobierno peruano a retirar la concesión, demostrando que la licencia social puede prevalecer frente a permisos oficiales.

Esquel y otras consultas en Argentina

En Chubut, el movimiento “Asamblea No a la Mina” impidió el desarrollo de un proyecto aurífero en 2003 tras una consulta popular donde más del 80% rechazó la actividad minera. Casos similares en Loncopué, San Jorge y Famatina ilustran cómo la oposición comunitaria termina anulando proyectos que contaban con aprobaciones técnicas.

El cambio en la dinámica de la minería moderna ha puesto en evidencia que la obtención de permisos técnicos y ambientales es solo una parte del desafío. La licencia social para operar se ha convertido en el eje central que determina la viabilidad real de los proyectos mineros. Si las comunidades no están convencidas de los beneficios, sienten que no se respetan sus derechos o perciben falta de transparencia, incluso los proyectos más robustos desde el punto de vista técnico pueden fracasar o quedar paralizados.

Para las empresas y gobiernos, esto implica no solo cumplir con la normativa, sino invertir en diálogo genuino, participación efectiva y gestión de expectativas con las comunidades locales. En un mundo donde la sostenibilidad y la responsabilidad social son cada vez más exigidas, la licencia social dejó de ser opcional para convertirse en un activo estratégico insustituible.