SNMPE condena asesinatos en Pataz y pide aprobar plan de lucha contra minería ilegal

“Expresamos nuestra solidaridad a los familiares de las 13 víctimas de esta asonada delictiva promovida por las redes de la minería ilegal y demandamos a las autoridades a que identifiquen a sus autores y que sean sancionados con todo el peso de la ley para que este cruel asesinato no quede impune”, señaló la SNMPE al afirmar que la defensa de la vida debe ser la prioridad de todos los peruanos. 

“El secuestro y asesinato de estos trabajadores evidencia que las economías ilegales buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada, como es el caso de concesiones y operaciones mineras formales”, señaló. 

En ese sentido, advirtió que hasta el momento el Gobierno no ha aprobado el plan de lucha contra la minería ilegal y menos aún su presupuesto; y que no basta con declaratorias de Estados de Emergencia para hacer frente a las actividades ilícitas ya que ha quedado demostrado que no tiene resultados efectivos en la provincia de Pataz. 

“Es importante que la Policía Nacional desarrolle labores de inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales de mineros ilegales que están generando la peor violencia en el país desde hace algunas décadas”, anotó. 

Asimismo, el gremio minero subrayó que esta problemática se debe abordar con un claro liderazgo desde el Ejecutivo, con un marco normativo adecuado y políticas claras de combate frontal contra la minería ilegal, así como con el fortalecimiento de las instituciones para que cuenten con los recursos y capacidades a fin de que realicen una adecuada fiscalización y trazabilidad de la cadena productiva.  

La SNMPE exhortó al Gobierno y al Parlamento a enfrentar la minería ilegal y poner fin a las continuas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que ha servido para encubrir las ilícitas actividades de los mineros ilegales; así como a tomar las medidas que sean necesarias para restablecer el orden y el principio de autoridad, brindar garantías a las empresas formales que invierten en el país y sobre todo a proteger a los ciudadanos que trabajan por el bienestar de sus familias y desarrollo del Perú.  

Finalmente, el gremio empresarial invocó a todos los peruanos a unirse en defensa de la vida y que no se debe claudicar en preservar los derechos humanos en el país.