Carlos Oliva: nueva Ley General de Minería no tendrá grandes cambios en la política tributaria

La nueva Ley General de Minería viene generando distintos entusiasmos en los actores interesados: por un lado, los gobernadores regionales presentan propuestas que esperan sean atendidas y, por el otro, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que las califica de 'estatistas'.

Como se conoce, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley que actualizará la Ley General de Minería. Si bien todavía no ha sido presentado, esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

El Ejecutivo

El titular del Ministerio de Economía (MEF), Carlos Oliva, ha descartado que se realicen "grandes cambios" en política tributaria como consecuencia de la Ley General de Minería.

"No estamos previendo grandes cambios en la parte tributaria, obviamente analizaremos caso por caso, pero eso no debería ser el foco porque nosotros creemos que la carga tributaria que tienen ahora las mineras está en el promedio internacional y no podemos perder competitividad", dijo el ministro.

Asimismo, Oliva detalló que la propuesta buscará cerrar brechas sociales y crear compromisos para el desarrollo de las regiones con la implementación de un plan de desarrollo territorial.

"Así como hay estudios de impacto ambiental, [buscamos] que haya un plan de desarrollo territorial en el que se vea [mejoras] por el lado de la infraestructura y competitividad de las regiones", manifestó y agregó que se incluirán ajustes a las concesiones mineras que han presentado fallas en el pasado.

Gobernadores regionales

Los gobernadores regionales de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur presentaron en Tacna sus propuestas para la nueva Ley de Minería. Entre sus pedidos, solicitan la reducción de la vigencia de las concesiones de 30 a 15 años y un incremento del pago de derecho de vigencia de US$3 por hectárea a US$5.

Piden también que se incorporen artículos para la protección del medio ambiente, de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, comunidades nativas, así como el cierre de minas.

Asimismo, proponen que las acciones de prevención, evaluación, supervisión, control y sanción a las empresas mineras estén a cargo de los gobiernos regionales. Además, los titulares de las actividades mineras que generen impactos ambientales negativos no solo remedien el daño, sino también den una compensación a la población afectada.

Sector privado

El presidente de la SNMPE, Manuel Fumagalli, consideró que las propuestas de los gobernadores regionales "destruirían la competitividad de la minería peruana, alejando la inversión privada, generando menores ingresos para el país y mayor pobreza".

Su crítica se centró en la posible creación de una empresa pública minera y que se pretenda destinar los fondos del erario nacional para ello.

“Los peruanos ya conocemos la nefasta experiencia del estatismo, que en las décadas de los 70 y 80 impulsó empresas públicas ineficientes, quebró la economía nacional y generó una terrible hiperinflación. Se deben focalizar los recursos del Estado en mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento, entre otros, en beneficio de todos los peruanos", expresó.

Denunció que la propuesta debilitaría los mecanismos de fiscalización ambiental, ya que los gobernadores pretenden asumir esa tarea, que actualmente está a cargo de una institución técnica e independiente como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

“Los gobiernos regionales buscan asumir la fiscalización de la gran y mediana minería, cuando ya su capacidad ha sido desbordada en su atención a la pequeña minería y minería artesanal. Con esa iniciativa debilitarían las funciones de la OEFA y ponen en riesgo la supervisión ambiental y el combate contra la extracción ilegal de minerales que tanto daño hace al país”, declaró.