IIMP: "Paralización de Las Bambas y Cuajone generó que el Estado deje de recibir US$ 7 millones diarios"

La semana pasada se mantuvieron cerradas dos de las principales operaciones mineras del país, las minas Cuajone y Las Bambas, debido a conflictos con las comunidades, situación que implicó una fuerte pérdida de ingresos para el Estado.

Solo por un día de paralización de ambas operaciones, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) estima que el Estado ha dejado de recibir US$ 7 millones en impuestos.

La situación no solo afecta a la inversión privada, sino también a todas las comunidades en el entorno minero, pues el 50% de los impuestos pagados del canon minero se transfiere los gobiernos regionales y locales.

El IIMP sostiene que gracias al desarrollo de la minería, la tasa de pobreza en el distrito de Torata (donde se desarrolla Cuajone) está por debajo del 9%, mientras que en Chalhuahuacho (distrito donde se desarrolla Las Bambas) la pobreza bajó de niveles que bordeaban el 80% a menos de 40% en sólo cinco años.

Por el momento, el bloqueo que sostenían las comunidades Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala contra la mina Cuajone han sido levantadas, pero Southern Perú aún no ha retomado totalmente las operaciones de la minera.

Mientras que en el caso de Las Bambas, el conflicto aún continúa y no se ha logrado un acuerdo con las comunidades de Fuerabamba.

El IIMP señala que a pesar del aporte que la mina hace al Gobierno con el pago de impuestos, el Estado carece de planes territoriales que prioricen el cierre de brechas sociales y la ejecución inapropiada de los fondos públicos disponibles, lo que han generado un alto nivel de insatisfacción en la población.

“La solución a esta aparente paradoja no pasa por el bloqueo endémico de las operaciones mineras para exigir montos de dinero, lo cual en esencia es un ilícito; y no pasa tampoco por incrementar la carga impositiva minera, la cual es equivalente a otras jurisdicciones con las cuales competimos. Lo que se requiere es implementar una inversión pública eficaz y eficiente, con fondos públicos ya disponibles, para el cierre de las brechas sociales existentes”, señalan.

Ante esto, el gremio exhorta al Gobierno a liderar espacios de diálogo con las comunidades para poder reanudar las funciones en las minas, estableciendo una visión compartida del desarrollo económico sostenible que se requiere.