Mineras deberán adecuar protocolos y coordinar con comunidades

La minería integra el grupo de actividades que se reabren en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, señaladas en el decreto N° 080-2020-PCM. Siendo el sector que ha generado mayor cantidad de opiniones en la población, pues existe cierta percepción de que se ha buscado beneficiar a las grandes empresas. El economista Julio Failoc Rivas, experto en minería y comunidades del sur peruano, analiza esta decisión del Gobierno y aclara algunos puntos que son necesarios entender.

En primer lugar, explica que se trata de actividades de explotación, beneficio y transporte en el estrato de la gran minería, es decir, de operaciones con una capacidad de producción mayor a 5,000 toneladas por día.

Esto se debe, de acuerdo con el experto, a una lógica del Gobierno para inyectar rápidamente recursos a la economía del país, que se ha visto repentinamente congelada e inmersa en una crisis. Además, “es el sector que reúne las mejores condiciones para desarrollar y cumplir protocolos, por su cultura de seguridad arraigada en los últimos años”.

Cuestiona, sin embargo, que el decreto no mencione las actividades de exploración minera, considerando que, en el sur del país, son varios los proyectos de este tipo que generan miles de puestos de trabajo en condiciones seguras.

Con relación a la región Puno, Failoc Rivas opina que son pocas las mineras que cumplen con los requisitos para reiniciar operaciones. Una de ellas es la mina San Rafael de Minsur, en la provincia de Melgar, que “procesa 8,000 toneladas diarias, ha sido varias veces reconocida por sus estándares de seguridad y viene trabajando con las autoridades de la región”.

Sin embargo, el experto recomienda que las mineras trabajen de cerca con sus comunidades aledañas y les trasladen su experiencia y sus protocolos. Desde su perspectiva, “el virus llegará también a las zonas más alejadas, y son muy pocas las comunidades con capacidad de respuesta”.

Finalmente, Failoc manifiesta no estar de acuerdo con las voces que reclaman que el beneficio es solo para el gran empresariado, “pues también se incluyen actividades como restaurantes con entrega a domicilio, producción agropecuaria y servicios afines, pesca, comercio electrónico, construcción y proyectos de interés nacional. La lógica es reactivar gradualmente la economía, empezando con los sectores que tienen mayor capacidad para adoptar protocolos y dinamizar más rápido la economía y el empleo”.