Razones y estrategia: por qué Southern cree que Tía María sí va

Agosto es clave en esta historia. En dicho mes se vence el estudio de impacto ambiental (EIA) de Tía María. Esta fecha se ha convertido, entonces, en el plazo máximo para que el Gobierno decida entregar o no el permiso de construcción para la mina. Si no lo otorga, todo regresará a foja cero.

El Gobierno no ha sido claro. En cambio, en Southern están preparados para recibir la luz verde. Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de la compañía, revela detalles que justifican el optimismo frente al futuro.

El ejecutivo muestra cifras del sondeo que la compañía encargó. Sus números revelarían un cambio de actitud de la población de Islay, que en el 2015 protestó contra el proyecto, que al final fue suspendido. Cuatro años más tarde, Jacobs sostiene que “son varios los indicadores que nos demuestran que el proyecto Tía María cuenta con una aceptación generalizada”.

La estrategia
Tras las protestas, la compañía empezó a cocinar diversas acciones. La premisa, queda claro ahora, fue no abandonar Tía María. “Nos apartamos de los apoyos puramente filantrópicos para trabajar en programas de desarrollo y soluciones conjuntas”, señala Jacobs. 
“El mensaje que se promueve es que el proyecto Tía María no es la solución, pero sí puede ser parte de ella”, refiere. Añade que el trabajo con la población se basa en un enfoque coparticipativo y de colaboración que abarca actividades en salud, educación y productividad (agrícola y ganadera).

Jacobs sostiene que la estrategia no contempla un adelanto social. “Lo que sí comunicamos es que podemos aportar en proyectos de desarrollo o cofinanciarlos una vez se otorgue la autorización de construcción”, precisa.

En medio de todo
La compañía conformó un equipo para el relacionamiento social, al cual se denominó “Valle Unido”, compuesto por pobladores provenientes de los distritos de Islay.

Adicionalmente, se establecieron cuatro oficinas o centros comunitarios que funcionan de manera abierta y continua, realizando actividades para promover una mayor interacción con la población. Un dato: las oficinas se ubican en Cocachacra, Punta de Bombón y dos en Deán Valdivia. Todas, zonas donde en el 2015 hubo las mayores acciones de protesta.

Los otros indicadores
Con la estrategia en marcha, Jacobs sostiene que además de las cifras que arrojan los estudios de opinión, hay otras acciones que los avalan. Ha habido -prosigue- una “concurrida participación de pobladores” en las actividades de la compañía, “muchas de las cuales se realizan en zonas en las que hubo alta oposición al proyecto”.

En esa línea, revela que la compañía ha convocado a la población a presentar proyectos de desarrollo social de diferente índole y ha habido aceptación. Otra vez los números: el 2017 se presentaron 63 iniciativas y 65 el 2018, siendo ganadoras 16 y 31, respectivamente.

A ello, suma el hecho de que ha habido una “notable disminución en frecuencia, número y participación en llamados a marchas y protestas en contra del proyecto”. “La última marcha congregó cerca de 250 personas, muchas de las cuales llegaron de afuera.

¿Todo listo?
El CFO de Southern señala que si obtienen la licencia ya cuentan con el financiamiento. El proyecto tiene un costo de US$ 1,400 millones. Lo invertido hasta la fecha son US$ 334 millones.

Y si obtienen la licencia, ¿arrancan de inmediato? “Los recursos de Southern Copper nos permitirían empezar con el proyecto cuando se considere adecuado, siempre en coordinación con el Gobierno”, apunta.