Tía María: Southern Perú y GRA en incertidumbre por Pampas de Cachendo

Un nuevo problema se suma a la ejecución del proyecto Tía María. Esta vez se trata de la disputa de la propiedad provisional de 49.5 hectáreas en las Pampas de Cachendo, que se ubica entre los distritos de Cocachacra y Mejía, en la provincia arequipeña de Islay, que atraviesa un panorama incierto.

Los protagonistas de este litigio por tierras son la empresa minera Southern Perú, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y los pobladores de la zona.

Conflicto

La incertidumbre se originó el pasado 25 de julio, cuando el gobernador Elmer Cáceres Llica anuló, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°375-2019-GRA/GR., el derecho de servidumbre que había sido otorgado el 30 de julio del 2018 por su antecesora Yamila Osorio a la minera Southern, a través de la resolución N°150-2018-GRA/GGR.

De acuerdo con el estudio de impacto ambiental (EIA) de Tía María, el terreno en cuestión sería utilizado para construir los accesos a la mina y el campamento minero.

Es preciso indicar que a cambio del derecho de servidumbre, Southern debía pagar S/948 mil al GRA, pero la minera solo ha abonado S/500 mil.

Con respecto a la medida de la nueva autoridad regional, esta se dio en medio de las protestas que se registraron contra el proyecto acuífero Tía María y a través de un video publicado en redes sociales.

La decisión fue celebrada en la provincia de Islay. Sin embargo, la respuesta de Southern fue contundente, con el fin de salvaguardar sus intereses. La minera presentó, el último 23 de agosto, una denuncia penal contra Cáceres Llica por abuso de autoridad, tras dejar sin efecto el derecho de servidumbre.

Ante este hecho, el jefe de Ordenamiento Territorial del GRA, Rolando López Chire, emitió el jueves 4 de noviembre un oficio pidiendo a Southern la devolución de las 49 hectáreas en un plazo de 10 días hábiles.

A esa exigencia regional se sumó el asesor jurídico del GRA, Walter Paz, quien indicaba que si la empresa no entrega el terreno sería desalojada, como lo hacen con los invasores de terrenos.

Aseguró que lo que busca el GRA es el respeto del medio ambiente, pues cerca de las pampas se ubica las Lomas de Cachendo, con una gran diversidad de flora y fauna.

Con respecto a la presunta afectación al ecosistema de las Lomas de Cachendo, el superintendente de Construcciones de Southern Perú, José Vargas Rivera, dijo que ese riesgo está descartado porque Southern ocupará las Pampas de Cachendo, una zona desértica ubicada en la parte alta, donde no se desarrolla ninguna actividad.

Sobre una supuesta intervención policial, el general PNP William Ugaz, jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, señaló que aunque el GRA solicite apoyo policial para desalojar a Southern, no puede acceder a ese pedido porque la situación de Cachendo está judicializada.

Firmes

Desde la empresa minera, el jefe de Comunicaciones, Paul Lostaunau Ramos, indicó que no realizarán ninguna devolución porque legalmente tienen derechos sobre esa propiedad.

“Ya les hemos presentado una denuncia por abuso de autoridad y si ellos toman esta medida radical, sería más grave aún; tendríamos que evaluar nuevas medidas legales. Esperamos que no cometan ningún acto de este tipo, sobre todo mientras haya una intervención judicial”, dijo Lostaunau a El Comercio.

En silencio

Tras la actitud desafiante del asesor jurídico del GRA, Cáceres Llica se manifestó sobre el tema y dijo que su gobierno procederá como indica la ley.

"Hemos indicado que esa servidumbre debe ser devuelta bajo la norma, pero ellos (Southern) también tienen sus derechos y será el Poder Judicial quien determine quién tiene la razón. Nosotros tenemos nuestro propio punto de vista", dijo sobre el caso el gobernador de Arequipa.