Trabajadores de Escondida ganan $4,4 mills. con beneficios, buscan subir en 21% costo total del contrato y dirigencia se preparó en La Habana

Este lunes entra en tierra derecha la negociación colectiva más importante de la gran minería. El principal sindicato del mayor yacimiento de cobre del mundo, Escondida, inicia sus tratativas para mejorar su contrato. Su sindicato lo integran 2.460 trabajadores y operadores que son los mejor pagados de Chile y, según la industria, del mundo minero, con un sueldo mensual de $3,3 millones que si se consideran los beneficios asciende a más de $4,4 millones.

Hoy, según fuentes de la industria, estos operarios tienen salario fijo, sueldo variable y beneficios un 24% por sobre el resto de la gran minería y aspiran a más, a elevar el costo total del contrato en 21%, aunque la minera operada por BHP está dispuesta a la mitad.

El año pasado, la empresa desembolsó US$ 333,3 millones en salarios y beneficios para sus 3.593 empleados (incluye supervisores y ejecutivos), de los cuales el sindicato de operadores y mantenedores está ahora negociando su contrato colectivo.

Este proceso tiene en vilo a la industria por un componente adicional: esta es la segunda negociación, esta vez con reforma laboral en plena vigencia, y tras la huelga de 44 días a inicios de 2017, la más larga que registra la historia reciente.

Hay varios nudos que entrampan la negociación. Uno es el bono de término de conflicto, que bordea los $25 millones por trabajador, pero que -debido a los impuestos que tiene que pagar el empleador, que son de 30%- a la empresa le cuesta $35,6 millones por operario. Un segundo escollo son los beneficios en salud y otro, los educacionales.

Aunque se intentó una negociación voluntaria , que partió en marzo y duró hasta abril, este proceso no prosperó y se llegó a una tratativa reglada, que tiene plazos bien acotados: sindicato y empresa parten este lunes las conversaciones y tienen hasta el 24 de julio para intentar acuerdos.

El bono de fin de conflicto de $24,7 millones

Inicialmente se hablaba de un bono final de más de $21 millones, pero esta semana se supo la cifra: $24,7 millones, que la sitúa dentro de las más altas pagadas en el país. El precedente anterior lo tuvo Escondida en 2013, que fue de $23 millones, y llevado a valor presente (considerando la inflación de estos cinco años) supera los $28 millones, explica el asesor sindical Marco López, por lo que “es menor a lo que pedíamos en 2017 y a lo que logramos en 2013”, señala el también abogado laboral. Además, piden un 5% de reajuste del salario (ver entrevista a presidente del sindicato). Sin embargo, en BHP hacen ver que a ese porcentaje se le suma un 3% por los reajustes que no se lograron tras la negociación de 2017, cuando no se tuvo humo blanco, más el IPC.

El sindicato aspira a que el 4% de los dividendos repartidos por la empresa en 2017, que ascendió a US$ 2.599 millones, corresponda a bonos de fin de conflicto. Pero en Escondida hacen ver que existen unos 800 mantenedores y operadores, el 35% de este segmento, que ya poseen acciones y reciben dividendos (en el programa Share Plus).

Empresa pide licitar isapre para lograr mejor cobertura

El actual convenio contempla un plan de salud con la isapre Cruz Blanca. Se llama Medimel y consiste en que cada trabajador paga su 7% de cotización, más el GES y el CAEC (Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas), también de carga del operario. La empresa quiere licitar este convenio a otra institución de salud privada, porque la isapre Cruz Blanca otorga el 33% de la cobertura, que es menor a un plan de isapre individual e incluso más bajo que Fonasa. Lo que no paga la isapre lo desembolsa la empresa, que además señala que hace 10 años que no se licita este convenio y que aspira a que para mejorar la eficiencia, se realice una adjudicación cada cuatro años.

La idea es que se aumente la cobertura que da la isapre del 33% actual al menos a un 45%, con el requisito de que se acepten las enfermedades preexistentes y se mantenga o mejore la red de prestadores. En caso de jubilación o retiro, señala la compañía, existe la opción de mantener el pago equivalente al 7%.

La licitación es el único punto en conflicto, aunque las bondades del pacto en sanidad son amplias. La compañía informa que el beneficio de salud de Escondida implica un fondo solidario, financiado en un 100% por la empresa, con sistema cerrado, y 100% de cobertura en hospitalización y atención ambulatoria, además de convenios con farmacias y ópticas. Lo mismo pasa con el fondo dental, financiado totalmente por la compañía y administrado por el sindicato.

Por otro lado, el seguro catastrófico es financiado en 50% por la empresa y el resto por el trabajador. Los traslados y alojamientos están incluidos en este convenio de salud.

Aumentar beneficios educacionales de los supervisores

Según explica Marco López, en el área educacional, los trabajadores del sindicato N° 1 tienen la aspiración de igualar los beneficios educacionales con los que tienen los supervisores. Esa nivelación cubre la enseñanza universitaria hasta 125 UF ($3,3 millones) al año y hasta 74 UF ($2 millones) anuales en el caso de los colegios.

Según ligados a la compañía, hay una gran diferencia en términos etarios de los hijos de cada segmento. Porque mientras los supervisores tienen hijos en la enseñanza media o universitaria, los hijos de los trabajadores están mayoritariamente en la enseñanza básica y en colegios subvencionados y públicos, por lo cual el aporte educacional de la empresa resultaría excesivo. Sin embargo, el asesor sindical Marco López explica que si quedan excedentes de lo no utilizado con fines educacionales, se devolverían a la empresa.

Fuentes de la compañía señalan que el paquete de beneficios ha sido pactado con cada segmento de colaboradores de acuerdo con sus necesidades. Por ejemplo, unos han priorizado más el área salud, mientras que otros lo educacional, detalla. “No se puede tener todo”, dice la misma fuente.

Cómo es la compensación total de los trabajadores de Escondida

Minera Escondida obtuvo en 2017 una ganancia total, después de impuestos (incluido royalty ), de US$ 1.192 millones. Los gastos en sueldos y beneficios ascendieron a US$ 333,3 millones.

Según datos a los que accedió “El Mercurio”, el 55% de este sueldo es remuneración fija que corresponde al sueldo base, más asignaciones de zona, de casa, prácticas operacionales y otros elementos relacionados. El 25% de la remuneración es variable y se vincula al desempeño del negocio e incluye bonos de producción y gestión, entre otros. El 20% de la compensación total corresponde a beneficios en salud, educación y otros.

Reforma laboral obliga a votar propuestas en secreto

Hay que considerar que el nuevo proceso de negociación colectiva reglada, derivada de la reforma laboral (RL), cambia varios escenarios para los sindicatos y la empresa. Para empezar, si en el sindicato hay mujeres, estas tienen que elegir a una de ellas para participar en la comisión negociadora. Resultó electa para tal fin la trabajadora Rosa Moya.

La reforma también cambia el período para presentar el proyecto a negociar de 60 a 45 días (antes era de 45 a 40 días) antes del vencimiento del contrato colectivo. Este se considera el “piso” de la negociación, pero no incluye IPC futuro ni retroactivo, ni bonos por fin de conflicto.

También obliga a que cada nueva oferta sea sometida a votación personal y secreta, ante un ministro de fe, no a una asamblea ni tampoco es decidida por la directiva, como ocurría antes, lo que es visto como una buena práctica por parte de la industria y de BHP.

Marco López, el asesor sindical detrás de las tres grandes huelgas que ha tenido BHP

A estas alturas, es el abogado más temido por las compañías mineras. A sus 50 años, Marco Rodrigo López Pérez, abogado de la Universidad de Chile, asesoró a Spence (también operada por BHP) en la negociación de 2009, que derivó en 42 días de huelga. También al sindicato de Escondida en 2006, donde hubo una paralización de 25 días; y a la histórica negociación de 2017, donde se produjo la huelga más larga de la minería, de 44 días. Además, ha asesorado a otras 20 organizaciones de trabajadores de la gran minería del país, lidiando con empresas como Codelco, Anglo American o Antofagasta Minerals.

López se autodefine como asesor estratégico y trabaja con otras personas. Entre ellas, otros abogados, ingenieros comerciales, periodistas y expertos en previsión social. Por la negociación en la mina de cobre más grande del mundo cobró $240 millones -una parte se pagó en 2017 y otra será con cargo a este nuevo proceso de negociación-, en una labor que partió en julio de 2016, aunque la preparación data de antes. El abogado preparó el ambiente para esta huelga con cursos de formación sindical en Cuba que, explica, resulta como destino más barato que otros en la región.

En 2016, a fines de abril, acompañó a la isla a varios de los actuales dirigentes, en el marco de un curso hecho en la Universidad de La Habana y que culmina con un encuentro en la Plaza de la Revolución el 1° de Mayo. En la república comunista se han efectuado diversos congresos sindicales con otros dirigentes mineros de México, Brasil y Perú, principalmente, al alero de la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina.

El mismo López ha calculado que por lo menos cinco de cada 10 dirigentes mineros han ido a alguna formación sindical a Cuba, que actúa como facilitadora del movimiento de trabajadores, pese a no tener grandes sindicatos mineros.

Uno de los grandes activos que tiene el abogado es su extensa red de contactos en la capital minera de Chile, Antofagasta. De hecho, su hermana-Sol María López Pérez- es desde 2010 y hasta la fecha jueza del Trabajo en esa ciudad, según información del Poder Judicial. El asesor sindical ha aclarado que su pariente se ha inhibido de participar en todas las causas que él patrocina.

La última opción: invocar el artículo 342 de la reforma laboral

Una carta que tienen los trabajadores bajo la manga es ampararse en el artículo 342 gestado a partir de la reforma laboral, y que reemplazó al 369, que finalmente invocaron los trabajadores en marzo de 2017. El ex director del Trabajo Marcelo Albornoz explica que el artículo en cuestión prorroga el contrato colectivo por 18 meses. “El contrato se mantiene vigente y aplicable y constituye el piso de esta nueva negociación”, detalla. De este piso deben excluirse la reajustabilidad e incrementos y beneficios por término de negociación, porque en estos 18 meses dichos beneficios no han experimentado aumentos de IPC.

En la compañía no ven esto como una buena salida, porque mantiene el clima interno de beligerancia por un año y medio más, y no cierran el acuerdo. Para el sindicato tampoco es muy positivo, porque no ganan nada, sostienen.