Tres áreas protegidas del país siguen amenazadas por la minería ilegal

Aunque se trata de un ecosistema de desierto costero, la Reserva Nacional de San Fernando alberga especies como cóndores y guanacos, usuales habitantes del paisaje andino. Los tilansiales, planta que es el alimento de estos auquénidos, crecen en el área marino costera y hacen de este espacio un corredor biológico para el camélido. Por ello, la minería ilegal que se hacía en esta reserva era una amenaza que podía terminar por destruir los tilansiales y, con ello, alejar a la fauna del lugar.

El último jueves, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), dieron el cuarto y definitivo golpe al destruir 14 socavones de minería ilegal en 11 lugares de la reserva de San Fernando. El operativo tomó tres días y la Policía Nacional permanecerá una semana en esta zona para consolidar la intervención. Sin embargo, aún hay tres áreas protegidas bajo amenaza de mineros ilegales.

Acciones

De acuerdo con Pedro Gamboa, jefe del Sernanp, la presencia de mineros ilegales en áreas protegidas ha disminuido en los últimos dos años. De siete de ellas, a la fecha las actividades mineras ilícitas prevalecen en tres y es ahí donde se destinan las acciones. “Estamos convencidos de que al Bicentenario no debemos tener minería ilegal en ninguna área natural protegida”, dijo el funcionario a un medio local.

Los lugares donde se han podido llevar a cabo operativos contra la minería ilegal y contener las actividades ilícitas son la Reserva Comunal El Sira (Ucayali), donde había minería ilegal aluvial; el Parque Nacional Yaguas (Loreto), donde se utilizaban dragas; Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios), donde tienen planificado realizar un acciones de reforestación; y finalmente la Reserva Nacional de San Fernando.

“Hay minería ilegal en ocho zonas de amortiguamiento. Por ejemplo, en Tambopata se ha podido erradicar (minería ilegal) no solo dentro del área, sino en el sector La Pampa. Ahí el impacto ha sido terrible y por eso hay presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", dijo Gamboa. En esta zona, la deforestación afectó 759 hectáreas, lo que equivalente a casi 70 parques de la Exposición.

Tareas pendientes

Gamboa precisó que las tres áreas donde siguen realizando acciones contra la minería ilegal son el Parque Nacional Huascarán (Áncash), la Reserva Nacional de Tumbes (Tumbes) y la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (Arequipa).

En el Parque Nacional Huascarán, de una extensión aproximada de 340 mil hectáreas y que en 1977 fue declarada por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad, el Sernanp realiza un trabajo de sensibilización con la comunidad campesina de Vicos debido a que hay presencia de minería ilegal en forma de socavones. El principal recurso que se extrae es oro, pero el Sernanp ha recibido propuestas para trabajar con la población.

“Estamos trabajando con la comunidad para que cambien de rubro. Si bien hemos hecho las denuncias correspondientes, era complicado el ingreso. Primero porque la comunidad no lo permitía y solo había una forma de ingresar, y eso originaba que pudiera presentarse quizás la pérdida de vidas”, dijo Gamboa. Precisó que una de las actividades alternas es el turismo, y sobre ello están trabajando con la comunidad. “Podemos decir que hay un 90% que ya no hace minería ilegal, son pocos los remanentes pero seguimos trabajando”, agregó.

Otra de las reservas amenazadas por la minería ilegal es la Reserva Nacional de Tumbes, donde se registra el ingreso de extranjeros a territorio peruano. “Es una minería artesanal y de río, pero coordinamos con las autoridades de Ecuador para ver cómo detenemos el flagelo. Es el límite de la frontera con Ecuador”, dijo Gamboa. El funcionario agregó que ya se dieron algunas acciones en la zona.

Finalmente, en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, se ha liberado casi la mitad del espacio amenazado, pero permanecen algunos remanentes de mineros ilegales. El jefe del Sernanp precisó que en la zona se han realizado 150 operativos y el 50% de esta minería ha sido erradicada completamente. “La minería en este lugar de Cotahuasi, que es de socavón, a veces no se advierte y es lejana. Por eso, cuando damos golpes no encontramos a nadie. Extraen oro, que es el más rentable, pero también otro tipo de mineral”, sostuvo Gamboa.

Desafío complejo

Para enfrentar la minería ilegal se requieren acciones articuladas entre varios sectores. “Estamos trabajando con las poblaciones para generar oportunidades. La estrategia tiene como acciones: identificación y apoyo logístico; sensibilización y educación ambiental; generar oportunidades”, comentó Gamboa. Por ejemplo, en Tambopata, donde hay potencial turístico, se están mejorando los accesos a la reserva desde Puerto Maldonado. “Queremos que más turistas vayan y eso dinamiza la economía. No es una estrategia solo de represión, sino dar otra alternativa”, agregó.

Por otro lado, al 2021, el plan del Sernanp es recuperar las 759 hectáreas deforestadas de Tambopata con plantones y apoyo para la regeneración natural. En diciembre, se empezará con la siembra de 48 mil plantones en 30 hectáreas.

Por su parte, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de SPDA, dijo a un medio local que para los casos de amenaza de minería ilegal en áreas protegidas se deben incrementar los sistemas de monitoreo (fortalecer la vigilancia), y tener un trabajo articulado entre el Estado.

“La prevención es un reto más fuerte porque, ¿cómo se previene la ilegalidad cuando está vinculada a varios factores? Como pobreza, migración, falta de oportunidades. Es un fenómeno social complejo”, opinó Baldvino.

En el caso de Tambopata, si bien se retiró a quienes practicaban la minería ilegal, los desplazamientos se dieron a otras áreas. “Ahí la estrategia no solo es control, vigilancia; sino dar herramientas para que la población encuentre alternativas de sostenibilidad. Es difícil competir con el oro, pero ahí entran también las autoridades con propuestas de desarrollo”, agregó.