Un análisis del ciclo productivo y los plazos de transición entre exploración y producción
Publicado hace 6 días
Por Mattias Gustavo Salazar Rodríguez y Marcelo Arrué Alvarado - Equipo de investigación del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.
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El cobre es el principal mineral de exportación del Perú y uno de los más demandados con el fin de impulsar la transición energética global. La cartera de proyectos mineros presentada por el MINEM en 2025 supera los US$ 60 mil millones, y el cobre concentra la mayor parte de esa inversión, tanto en iniciativas nuevas (greenfield) como en ampliaciones (brownfield). El Galeno y Río Blanco, por ejemplo, suman más de US$ 6 mil millones en CAPEX, mientras que 48 proyectos de cobre en etapa de exploración acumulan US$ 612 millones, el 58.9% de la inversión total registrada en esa fase.
La presencia de un proyecto en cartera no implica de manera automática su conversión en producción. Las iniciativas de exploración con mayor presencia en la cartera 2025 —Marcobre en Ica, y Soledad y Quicay II en Áncash— coexisten con cuatro proyectos de inversión de mayor escala —El Galeno, Río Blanco, Los Chancas y Cañariaco— cuyo tránsito hacia la fase de ejecución no se ha completado a la fecha debido a distintos factores.
Etapas del ciclo productivo
Un proyecto cuprífero recorre una secuencia de etapas que va del cateo y la exploración a la construcción, la producción y el cierre de la mina. En la exploración se busca delimitar reservas probadas y probables mediante perforaciones y modelamiento geológico; si la cantidad o calidad del mineral no sustenta la inversión proyectada, el proyecto no avanza a etapas posteriores. Esta fase requiere, además, instrumentos de gestión ambiental —desde una Ficha Técnica Ambiental hasta un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), según la magnitud de la intervención— y, cuando corresponde, un proceso de consulta previa con las comunidades o pueblos indígenas u originarios involucrados, conforme al Convenio N° 169 de la OIT.
En la etapa de construcción, el método de explotación definido en el estudio de factibilidad —tajo abierto o minería subterránea— condiciona el tipo de infraestructura, los montos de CAPEX y la exposición a riesgos operativos. Es en esta etapa cuando se registran los mayores efectos en empleo y en demanda de bienes y servicios asociados a la operación. El ciclo no concluye con la extracción: la normativa vigente exige que toda operación cuprífera de gran escala incorpore, desde etapas tempranas, un Plan de Cierre de Minas con medidas de rehabilitación ambiental y monitoreo posterior.
La diferencia de plazos
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el tiempo promedio entre la exploración y el inicio de producción en el Perú es de 40 años, frente a un promedio mundial de 28. Los proyectos analizados muestran plazos en ese rango: El Galeno registra 30 años desde sus primeras exploraciones en 1995 y no cuenta a la fecha con un EIA-d; Río Blanco presenta un registro similar desde 1994 y mantiene un proceso judicial sobre sus concesiones; Los Chancas, con presencia de Southern Perú en el territorio desde 1996, no ha avanzado sus estudios ambientales debido a la presencia de minería ilegal en la zona; y Cañariaco, con más de dos décadas en cartera, obtuvo en 2024 su primer instrumento ambiental para exploración.
En la etapa de exploración los plazos registrados son menores, aunque también extensos: Soledad registra diez años entre su primer instrumento ambiental y la modificación que habilitó la exploración vigente; Haquira y Cotabambas acumulan 14 años entre instrumentos ambientales, entre 2010 y 2024; y Marcobre, el único de los seis con unidad minera vigente, registra 19 instrumentos de gestión ambiental en 20 años de actividad.
Cartera y ejecución
Ninguno de los cuatro proyectos de inversión analizados —El Galeno, Río Blanco, Los Chancas y Cañariaco— cuenta a la fecha con un EIA-d para explotación, pese al tiempo registrado desde el inicio de sus actividades en el territorio. Las causas identificadas difieren entre casos: procesos judiciales sobre concesiones, presencia de minería ilegal, oposición de comunidades del entorno, y plazos en los procedimientos administrativos correspondientes.
Los casos descritos indican que la magnitud de la cartera de proyectos cupríferos no determina, por sí sola, el ritmo de su conversión en producción. Dicha conversión depende de la confluencia de factores técnicos, ambientales, sociales y judiciales en cada etapa del ciclo productivo, así como de los plazos en que estos se resuelven a nivel institucional.
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Fuente: MINEM
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