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Minería: evaluación de integridad de activos mejora la productividad de la operación y aminora conflictos socioambientales

Publicado hace 1 mes

Minería: evaluación de integridad de activos mejora la productividad de la operación y aminora conflictos socioambientales
El asset integrity se define como la gestión de un activo con el fin de cumplir sus expectativas de productividad, protegiendo –a su vez– la salud y seguridad, tanto de los operadores, como de la planta y la comunidad.

El sector minero es clave en la economía peruana. Es responsable del 10% del PBI nacional, del 60% de las exportaciones, del 16% de la inversión privada y del 19% de los tributos pagados por empresas privadas. De acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas, este 2021 hay 60 proyectos mineros en etapa de exploración.

Con una cartera importante de inversiones para los próximos años, la industria minera afronta una serie de retos para rentabilizar el negocio, garantizar la productividad de los procesos en sus operaciones, extender la vida útil de sus activos y proteger la salud y seguridad de sus trabajadores tanto como el entorno ambiental. Por ello, la implementación de estudios de asset integrity (integridad de activos) cobra especial relevancia en el mercado peruano.

El asset integrity se define como la gestión de un activo con el fin de cumplir sus expectativas de productividad, protegiendo –a su vez– la salud y seguridad, tanto de los operadores, como de la planta y la comunidad. Su metodología de aplicación ha sido desarrollada ampliamente en Australia, con experiencias exitosas a nivel global.

“La actividad industrial, tanto minera como de oil & gas o portuaria, posee activos físicos que requieren significativas inversiones de capital. En caso de una falla o detención no programada, pueden causar una paralización en la producción. Dichos activos están sujetos a un proceso de deterioro constante, debido a su uso y las condiciones que supone el entorno, por lo que existe una necesidad de mantener estas instalaciones en condiciones óptimas”, explica Julián Aránguiz Burgos, gerente general de MacroSteel.

Ese es el servicio que las empresas MacroSteel, de Chile, y ASPEC, de Australia, ofrecen ahora en el Perú: la implementación de una metodología australiana de asset integrity, aplicada a la realidad y a los activos críticos de empresas productivas en nuestro país. Un enorme valor agregado a las compañías, que podrán reducir sus escenarios de riesgos operativos y elevar tanto los rendimientos de sus cadenas productivas, como los estándares de salud y seguridad en sus operaciones.

MacroSteel y ASPEC trabajan consorciadas desde el 2017 para brindar este servicio especializado, con todo el expertise de la metodología desarrollada en Australia, de la que ASPEC es líder mundial, aplicada a empresas mineras que operan en América Latina gracias al conocimiento del sector con el que cuenta MacroSteel.

“El desarrollo de estos estudios especializados en América Latina se encuentra aún en fase de prueba, con distintos grados de profundidad. Las compañías mineras son las que han demostrado mayor interés en desarrollar estudios de asset integrity, tomando como referente la experiencia exitosa de BHP”, señala Aránguiz Burgos.

Disminución de riesgos y conflictos

La clave de la implementación de estudios de asset integrity radica en la optimización de la gestión de riesgos dentro de la industria, ya que define programas de inspección y mantenimiento que permiten evaluar, anticipadamente, los distintos niveles de riesgo a cada modo de falla determinado.

Eso se traduce en la reducción del deterioro y extensión de la vida útil en los activos críticos, minimizando el número detenciones de planta por eventos inesperados y la oportuna detección/respuesta a eventos de riesgo.

En el sector minero peruano, además, su aplicación permitirá aminorar conflictos socioambientales y proteger a la propia empresa ante eventuales fiscalizaciones (y sanciones) de organismos reguladores, gracias a la oportuna evaluación, verificación e implementación de prácticas que garanticen el funcionamiento óptimo de los activos involucrados en la actividad minero-industrial y portuaria.

Se debe considerar que, según el reporte de junio de 2021 de la Defensoría del Pueblo, se registraron 193 conflictos a nivel nacional. Los conflictos socioambientales representan el 64.8% (125 casos) del total; de estos el 64% (80 casos) están relacionados a la actividad minera.

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