BID: "Se debe implementar un plan de mitigación de la minería informal"

La pandemia por el covid-19 empujó al Perú, y a toda la región, a un proceso de desaceleración. No obstante, en el caso de nuestro país se supo capear el temporal debido a sus sólidos fundamentos macroeconómicos, que le permitieron diseñar un paquete de apoyo económico cercano al 20% del producto bruto interno (PBI).

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los impactos económicos y sociales de la pandemia serán de una magnitud considerable, pero la recuperación que muestra la economía peruana se registra de manera rápida, informó el Diario Oficial El Peruano.

El BIDeconomics Perú, utilizando las proyecciones oficiales, calcula que los niveles de ingreso per capita prepandemia se recuperarán en el 2023. El informe refiere que urge avanzar en una agenda de reformas estructurales que permitan retomar el camino del crecimiento sostenible en el plazo más corto.

Impulso

Desde la perspectiva del BID, una estrategia de este tipo debe priorizar la búsqueda de nuevos motores del crecimiento mediante inversiones productivas para el cierre de las brechas de infraestructura social y económica; propiciar aumentos de productividad con la formalización laboral y el crecimiento empresarial; mejorar las habilidades de la fuerza laboral en todo el ciclo de vida; y maximizar las oportunidades del comercio exterior para diversificar la canasta exportadora hacia productos con mayor complejidad.

De acuerdo con el estudio del BID, en el Perú, tres de cuatro trabajadores labora en la informalidad. Ello se asocia a bajos niveles de productividad y escasa protección ante riesgos de pérdida de empleo, enfermedad y pobreza en la vejez.

Este sector fue el más golpeado por el confinamiento y solo los estratos de mayores ingresos pudieron adaptarse mediante el trabajo remoto.

“Los impactos del covid-19 en el mercado laboral fueron desproporcionadamente más fuertes para las mujeres, por su mayor participación en sectores golpeados como comercio y servicios, así como por su propensión a trabajar en la informalidad, en microempresas, y en jornadas a tiempo parcial”, refiere el BIDeconomics Perú.

Precisó, además, que la legislación laboral dificulta la creación de empleo formal de calidad. A manera de ejemplo, los costos de despido en el Perú representan 225 días; mientas que el promedio regional es de 139 días.

El estudio también reveló que la estrategia de formalización no necesariamente promueve el crecimiento de las firmas, pues más del 90% de empresas se encuentra en algún régimen tributario simplificado.

“Adicionalmente, el registro en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) no necesariamente garantiza el acceso a financiamiento, pues solo el 6% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) registradas en la Sunat lo están también en el sistema financiero y el 45% de las microempresas enfrenta algún tipo de restricción de acceso al crédito”, precisó.

Recomendaciones

El organismo multilateral recomendó propiciar aumentos de productividad mediante la formalización laboral y el crecimiento empresarial. Las microempresas representan cerca del total del universo empresarial y dan empleo a siete de cada 10 trabajadores.

Recomendó también mejorar las habilidades de la fuerza laboral en todo el ciclo de vida: infancia, educación básica, superior y la formación para el trabajo para adecuarla a los requerimientos del mercado laboral.

“Es necesario maximizar las oportunidades del comercio exterior para diversificar la canasta exportadora hacia productos con mayor complejidad y convertir la crisis en una oportunidad para una recuperación sustentable y baja en carbono”, puntualizó el documento.

Agro y minería

En el caso del agro, el BID propuso impulsar la productividad y sostenibilidad agraria mediante la provisión de bienes públicos, como infraestructura de transporte en la sierra y obras de irrigación en la costa, clarificación de los derechos de propiedad, el fortalecimiento del Sistema de Innovación Agraria y el acceso a alianzas, instrumentos digitales y financieros, con fines productivos, a lo largo de la cadena.

En relación con el sector minero, el ente multilateral recomendó implementar un plan de mitigación de la minería informal, mediante el mapeo de áreas vulnerables; fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil en la normativa ambiental y otros aspectos de las relaciones empresas-comunidad, utilizando herramientas de economía del comportamiento, y emprender un plan de acción para resolver los casos de afectación de los derechos humanos causados por la minería informal.