Gobiernos regionales pretenden asumir la fiscalización ambiental de mineras

La próxima semana los gobernadores de Cusco, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Ica, Tacna y Apurímac –agrupados en la Mancomunidad Regional de la Macro Región Sur– se reunirán para consolidar la propuesta legislativa de una nueva Ley General de Minería.

El encuentro –que se realizará el 27 y 28 de agosto en Tacna– tendrá como propósito consensuar puntos de vista hacia un documento común.

Uno de los puntos a incluir en el planteamiento –que se prevé presentar al parlamento en setiembre– es la incorporación de una figura similar a la consulta previa.

A lo que se suma la posibilidad de transferir a los gobiernos regionales competencias para la fiscalización ambiental de los proyecto extractivos tomando como base que las comunidades aledañas a la actividad minera tienen poca confianza en las instancias dedicadas a la inspección ambiental (OEFA, ANA y Senace).

Jean Paul Benavente, gobernador regional de Cusco, explicó a un medio local que incorporar una figura similar a la consulta previa en la nueva Ley General de Minería tendría como propósito evitar la paralización de una actividad por la falta de ‘consenso social’ tal como está ocurriendo en Arequipa por Tía María.

“Sabemos que actualmente existen instrumentos de evaluación ambiental que implican talleres informativos, pero entendemos también que tiene que adoptarse un procedimiento adicional que permita garantizar compromisos de largo plazo y promueva el consenso social”, argumentó.

En ese contexto, precisó que es necesario esta figura tomando en cuenta que existe una debilidad institucional al interior de las comunidades, que cambian constantemente de junta directiva o representantes, lo que genera nuevas demandas e intereses.

“Lo que hace falta es un marco jurídico común a través de una consulta o una licencia social, que nosotros llamamos rentabilidad social. Lo que implica (que el proyecto) sea rentable socialmente, que se pueda promover la participación de fondos de compensación o fideicomisos para que las comunidades vean que existe un trabajo articulado y armónico con la empresa minera, que haya ganar-ganar”, añadió.

Estos elementos –en opinión de Benavente– ayudarían a mejorar la presencia de la minería en zonas conflictivas.

Fiscalización Ambiental

Otro de los puntos que espera añadirse al proyecto de ley de la nueva Ley General de Minería es que se transfieran a los gobiernos regionales la posibilidad de fiscalizar –en materia ambiental– a las empresas mineras.

Dado que –en opinión de Benavente– las comunidades tienen mayor confianza en el trabajo de sus autoridades regionales. “Este es un punto central porque eso nos lleva a pensar conceptos que están vinculados a la compensación y a la reparación”, apuntó.

“Le pongo un ejemplo, juste estuve en Antapacay –conversando con las comunidades– y ellos nos piden que hagamos una valorización de los impactos ambientales de la mina dado que desconfían de las entidades encargadas de la fiscalización ambiental”, señaló la autoridad.

¿La fiscalización ambiental en manos de los gobiernos regionales, implicaría recursos adicionales? Al respecto, la autoridad consideró que la propuesta implicaría la dación de recursos adicionales para contratar a personal calificado para esta actividad.

Datos Claves

1.- La Ley General de Minería fue emitida en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En ese año, se dio luz verde al Texto Único Ordenado de la ley a través del Decreto Supremo N° 014-92-EM con un marco legal de 1981.

2.- Los gobernadores regionales proyectan tener listo para el 28 de agosto un primer borrador del proyecto de ley sobre la nueva Ley General de Minería. Para la quincena de setiembre, se estaría presentando al parlamento.

3.- La propuesta de los gobernadores será socializada entre todos los actores relacionados a la actividad extractiva, incluyendo empresas mineras, comunidades y a representantes del Gobierno.