Identificación de factores estratégicos para la formulación de una Política Nacional Minera

El Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM), creado en 1968, a cargo del sector minero que aporta el 10% del PBI, aún no dispone de una Política Nacional Minera que debería definir objetivos y lineamientos sectoriales, así como, servicios públicos para la promoción y mejor aprovechamiento de esta actividad económica. El artículo identifica los principales factores estratégicos a tener en cuenta para la formulación de una Política Nacional Minera.

Economía

Las principales actividades mineras en el Perú se localizan en zonas altoandinas, sobre estructuras geológicas remotas, donde la población presenta altos índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y vulnerabilidad multidimensional como la laboral, financiera y monetaria (PNUD, 2019, El reto de la igualdad: Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú).

En 2024 el Índice de desigualdad en la distribución del ingreso (Gini) fue 40.1 mostrando una mejora sostenida desde 2003, lo que coincide con el inicio del súper ciclo de minerales. Sin embargo, estudios sobre Cajamarca y Apurímac (Flores, C., 2019, La minería y el debate del crecimiento y desarrollo local), encuentran la existencia de factores estructurales que funcionan como obstáculos que impiden que las regiones ricas en recursos minerales (y canon) transformen esa riqueza e ingresos en desarrollo: El déficit estructural en salud, educación e infraestructura, la baja complejidad económica y productividad por trabajador, la débil institucionalidad en los diferentes niveles de gobierno y la insuficiente e inadecuada planificación del desarrollo territorial.

Población y territorio

De acuerdo con el Mapa de las Principales Unidades Mineras en Producción (MINEM, 2024, Declaración estadística mensual - Estamin), tenemos 132 minas con actividad de explotación metálica y no metálica, distribuidas en 110 distritos pertenecientes a 71 provincias en 21 regiones, con una población total de 2’823,091 personas (INEI, 2017).

La minería a pequeña escala se agrupa en 7 conglomerados distribuidos en 11 regiones (MINEM, 2021, Informe final de análisis de pertinencia para la política nacional de la pequeña minería y minería artesanal), incluyendo los 4 distritos mineros de Madre de Dios con una población de 140,214 personas (INEI, 2017).

La minería formal en el Perú ocupa el 1.51% del territorio nacional (1’944,631 has.) en 114 distritos, distribuidos en 22 regiones, con una población total de 2’963,305 personas que habitan en territorios distritales cercanos a actividades mineras en producción.

Sostenibilidad multidimensional

Según la Comisión Brundlant (Naciones Unidas, 1987), la sostenibilidad es atender necesidades presentes sin perjudicar capacidades futuras, definición que exige el aprovechamiento planificado de los recursos naturales no renovables (agotables), en sus dimensiones económica, social, ambiental y de gobernanza.

Los impactos en la balanza de capitales y en la balanza comercial, en el déficit fiscal y en empleo nacional son factores estratégicos para una política nacional minera, así como, la reducción de la conflictividad social, la oferta de servicios públicos, el flujo de inversiones público-privadas para el desarrollo territorial, el cierre de minas y de pasivos ambientales mineros y la gestión subnacional del canon y otros recursos, son también factores estratégicos a considerar para una política nacional minera (Natural Resource Governance Institute, 2021, Resource Governance Index).

Competitividad multidimensional

El Índice de Competitividad Minera de Macroconsult, define 5 condiciones clave que determinan la capacidad de los países mineros para captar fondos de inversión.

El potencial geológico depende de las reservas probadas y de la inversión en nuevas exploraciones. La política tributaria gestiona los impuestos que tienen efecto en la TIR y en las consecuentes decisiones de inversión. La infraestructura permite la accesibilidad a los territorios con potencial geológico (aeropuertos, carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos e internet). El entorno social depende del desarrollo socioeconómico pre-existente, la seguridad jurídica y la certeza respecto al relacionamiento con las comunidades. Las instituciones y regulaciones publicas definen trámites y tiempos con impacto en las decisiones de inversión. Según la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (2019), en el Perú se deben cumplir 252 procedimientos, que requieren la participación de 30 entidades y cuando menos 5 años de gestiones, para poner en marcha una operación minera.

La OCDE (2016) recomendó que las rentas asociadas a la explotación del recurso minero agotable contribuyan al desarrollo sostenible del país mediante inversiones a largo plazo en otras formas de capital (humano, tecnológico, físico o natural), así como, intensificar los esfuerzos para eliminar la minería ilegal y formalizar la minería informal.

La identificación de factores estratégicos constituye un primer paso para formular una Política Nacional Minera, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros del sector. El reto es definir qué minería necesita el Perú y qué lugar debe ocupar en el proyecto nacional de desarrollo. Esta es una tarea urgente, aún en construcción.

Por Jorge Montero Cornejo - Investigador Asociado al Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.