Inversión minera superaría los US$ 8.000 millones en 2026 y alcanzaría su mayor nivel desde 2014

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La inversión minera en el Perú se encamina a cerrar el año con desembolsos superiores a los US$ 8.000 millones, lo que representaría su mejor desempeño en doce años, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). Esta proyección responde al avance de importantes proyectos mineros y a los US$ 3.300 millones ejecutados entre enero y junio de 2026.

De acuerdo con el IPE, las inversiones del sector registraron un crecimiento de 34% en su evaluación del primer semestre, en contraste con el avance promedio anual de 1,3% observado entre 2022 y 2025.

Entre los principales impulsores de este dinamismo destacan los trabajos de construcción del proyecto Tía María, ubicado en Arequipa, así como las obras de optimización de las operaciones de Shougang, en Ica, y Antamina, en Áncash.

El instituto prevé que los desembolsos se incrementen durante el segundo semestre del año, consolidando una recuperación de la inversión minera en un contexto de mejores expectativas empresariales y condiciones de financiamiento.

Nuevos proyectos serán clave para sostener las inversiones

Pese a las perspectivas favorables, el IPE advirtió que mantener este ritmo de inversión dependerá del inicio de nuevos proyectos mineros, especialmente considerando que Tía María culminaría su construcción e iniciaría operaciones comerciales hacia fines de 2027.

Entre los principales desafíos para el sector figuran los trámites administrativos, la conflictividad social y el avance de la minería ilegal. Sobre este último punto, el IPE estima que las exportaciones de oro ilegal alcanzarían al menos US$ 16.000 millones en 2026.

Asimismo, según cifras del Instituto Fraser, el 64% de las empresas vinculadas al sector minero considera que la inseguridad desincentiva las inversiones en el Perú, una proporción que duplica la registrada en Chile.

En ese escenario, el centro de investigación subrayó la importancia de impulsar nuevos proyectos, fortalecer la fiscalización y generar condiciones que permitan sostener el crecimiento de la inversión minera en los próximos años.

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