La puerta giratoria de la supervisión ambiental en la gran minería

Funcionarios públicos en puestos claves en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad estatal que fiscaliza el cumplimiento de las leyes ambientales de la gran minería, trabajaron precisamente en el área ambiental de los proyectos mineros de las compañías Buenaventura, Los Quenuales y Minera IRL al mismo tiempo que las empresas cometían infracciones, varias consideradas graves y muy graves, en operaciones realizadas en la sierra de las regiones Lima, Junín y Huancavelica.

 

Cuando estos funcionarios pasaron a trabajar en el área de supervisión ambiental de OEFA, la institución estatal evaluó evidencias de una veintena de procesos sancionadores contra estas empresas. En varios casos, principalmente de la minera Buenaventura que pertenece a la influyente familia Benavides, los procesos no terminaron en ningún tipo de sanción.

 

Los funcionarios públicos que trabajaron para estas compañías son Víctor Velásquez Ramírez, actual coordinador de la Dirección de Supervisión Ambiental en Minería de OEFA, quien trabajó para Compañía de Minas Buenaventura, y de dos supervisores a su cargo: Carlos Cenzano Flores, exempleado de Minera Los Quenuales-Yauliyacu, subsidiaria peruana de la transnacional Glencore con sede en Bermuda, y Gustavo Castillo Faura, que laboró para Minera IRL.

 

Convoca.pe construyó y analizó una base de datos con información de los procesos sancionadores de empresas mineras y las cruzó con el registró de funcionarios que trabajaban en OEFA para determinar el vaivén de personajes en puestos claves durante las supervisiones ambientales y potenciales casos de conflictos de interés donde el Estado debe determinar sanciones contra las empresas por echar aguas ácidas a ríos, exceder los límites máximos permisibles de elementos potencialmente tóxicos, entre otras infracciones.

 

Según la información analizada, las compañías Buenaventura, Los Quenuales y Minera IRL acumulan un total de 111 procesos sancionadores entre los años 2008 a 2018. Solo en 49 casos se resuelven multas contra estas compañías: 22 para Buenaventura, 17 para Los Quenuales y 10 para Minera IRL. La suma total de estas multas supera los 8 millones de soles, pero más del 50 por ciento de ese monto no fue cobrado en favor del Estado debido al artículo 19 de la ley 30230, conocida como el ‘paquetazo ambiental’, que fue aprobada en julio del 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala y que tuvo una vigencia de tres años.

 

La ley dispuso que se eliminaran por completo las multas ambientales que eran evaluadas en primera instancia y se redujera el 50% del valor de la sanción económica si el proceso se encontraba en segunda instancia. Convoca.pe pudo determinar que, entre julio del 2014 y marzo del 2015, el Estado dejó de cobrar hasta 55 millones de soles a la industria minera y de hidrocarburos.

 

El jefe medioambiental

Víctor Hugo Velásquez Ramírez, ingeniero de 44 años, actual coordinador de supervisión ambiental en minería del organismo estatal regulador OEFA, antes dedicó quince años a ser especialista en materia de ambiente en diferentes empresas.

 

Entre 2006 y 2014, trabajó para Buenaventura como jefe medioambiental en tres unidades mineras distintas. Primero lo hizo en la subsidiaria Cedemin S. A. C. (2006-2010), después en la unidad minera Recuperada de Lircay, en la región andina Huancavelica (2010-2012), y luego en sus proyectos “brownfield” (2012-2014), un tipo de operación que aprovecha instalaciones mineras donde ya se finalizaron labores y son adaptadas para iniciar nuevas operaciones. Un mes después de que dejó la compañía, en octubre del 2014, pasó a integrar la planilla de OEFA para coordinar el trabajo de los supervisores ambientales sobre la minería.

 

Fundada en 1953, Buenaventura tiene sanciones en el registro de actos administrativos de OEFA desde 2011. La inspección en la que se descubrió el primer hecho irregular es de setiembre del 2008, como consta en la resolución de sanción de octubre de 2010.

 

Convoca.pe revisó los 74 procesos sancionadores que la compañía Buenaventura enfrentó entre 2008 y 2018. En la época en que Velásquez Ramírez fue uno de los jefes de medio ambiente de la minera, a la empresa se le abrieron 61 expedientes y solo 22 terminaron en multas por cerca de 4 millones de soles.

 

Desde que Velásquez es coordinador de supervisión ambiental de minería en el organismo estatal OEFA, (y antes supervisor ambiental) entre octubre del 2014 hasta hoy, el ente fiscalizador ha registrado 26 procesos sancionadores de su exempleadora Buenaventura, de las cuales en la mayoría de los casos se exoneró a la empresa de cualquier sanción y en ningún proceso se le impuso multa. Todas las sanciones económicas fueron perdonadas a través de la aplicación de la ley del ‘paquetazo ambiental’.

 

Pero hay más. Cuando Velásquez Ramírez fue jefe medioambiental en la unidad Recuperada en Lircay (Huancavelica) se reportó un “accidente”: un derrame de aguas ácidas del proyecto minero que terminó en la quebrada de Yuraccmachay el 9 de julio del 2010. Velásquez aseguró a Convoca.pe que se encontraba “de días libres” en la empresa cuando ocurrió el derrame.

 

“Yo no era el responsable, sino el jefe de minas. Me acuerdo de que me comunicaron cuando estaba en mis días libres”, justificó. La compañía informó la emergencia al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que en esos días estaba a cargo de la fiscalización ambiental en el Estado.

 

El actual funcionario Velásquez Ramírez señala que cuando llegó al lugar, ya estaban presentes las autoridades. Tres días después del derrame, a pedido del gobierno regional de Huancavelica y del Ministerio Público, el mismo Osinergmin contrató a una supervisora externa que identificó ocho conductas de infracción y estimó sanciones por un total de 1 millón 137 mil 600 soles.

 

Costos sociales

La Defensoría del Pueblo solicitó al mismo Osinergmin tomar medidas para evitar posibles consecuencias en los pobladores que habitaban en zonas aledañas de este rincón de Huancavelica, una de las regiones más pobres del Perú. Pocos días después, el 22 de julio, el proceso sancionador fue asumido por OEFA, el ente regulador que depende del Ministerio del Ambiente.

 

Según la resolución directoral que da cuenta de las responsabilidades, el accidente perjudicó una extensión de 80 metros cuadrados, pastos naturales y mezcló las aguas contaminadas con el agua del Yuraccmachay en un tramo aproximado de 200 metros. “[La empresa] no evitó ni impidió el rebalse de aguas ácidas [que contenían metales] a la quebrada”, agrega el documento.

 

Recién el 3 de setiembre del 2014, cuando Velásquez estaba a un mes de asumir funciones en OEFA, este organismo determinó responsabilidad en solo tres de las ocho conductas identificadas. Así, la resolución final de sanción determinaba que la compañía debió ser multada solo por 396 mil soles. Sin embargo, como si fuera poco, el ente fiscalizador aplicó la ley del ‘paquetazo ambiental’, publicada dos meses antes, y permitió que la sanción económica fuese perdonada.

 

De estas tres conductas sancionadas en la misma unidad recuperada donde trabajó Velásquez, la más grave fue la de “no efectuar el control del efluente” de donde se drenaron, a 5 litros por segundo, las aguas ácidas causantes de este accidente ambiental. Ante estos hechos, Víctor Velásquez asegura que Buenaventura realizó un informe de gestión ambiental donde se informó que el interior de la bocamina –la apertura por donde se ingresa a la mina– no había indicios de algún drenaje. “Cuando llegamos a campo, todo estaba seco. En la bocamina, no había flujo de agua”, dijo.

 

Pero la documentación revisada por este medio indica que Buenaventura sí reconoció la existencia del efluente de aguas ácidas y lo consideró como un punto para ser monitoreado.

 

De acuerdo con la resolución directoral de OEFA que da cuenta de la infracción y de las responsabilidades de la empresa, el plan de cierre de Buenaventura sobre esta mina –para el primer semestre del 2010– ya menciona la existencia del efluente de aguas ácidas en la bocamina, “el mismo que no cuenta con punto de control”. Este plan, que demuestra el conocimiento de la empresa sobre este potencial peligro tóxico, fue presentado a las autoridades el 30 de junio del 2010, pocos días antes de ocurrido el accidente.

 

Una última conducta infractora en este incidente, en la misma unidad minera Recuperada donde laboraba Velásquez, fue que Buenaventura no cumplió con adoptar medidas de prevención y control del vertimiento del efluente. Tampoco con no sobrepasar los niveles máximos permitidos de agua ácida.H2

 

Tras este incidente, la mina Recuperada fue otra vez supervisada en la época en la que todavía Velásquez era jefe de medio ambiente, poco más de un año después. Esta vez, la supervisora Clean Technology verificó que no se cumplían cuatro conductas infractoras sobre las que OEFA ya había advertido.

 

Sin sanción

El ingeniero de minas Carlos Javier Cenzano Flores es coordinador de actividad de explotación en el área de supervisión ambiental en minería de OEFA desde el 2012. Se encarga, por ejemplo, de planificar las supervisiones a compañías mineras, revisar los resultados de las supervisiones en campo y analizar informes con los equipos técnicos y legales.

 

Antes, entre junio del 2002 y marzo del 2007, Cenzano fue también jefe del Departamento de Medio Ambiente de la unidad minera Yauliyacu, operada por Los Quenuales. Entre 2008 y 2017, la minera ha sido objeto de 23 multas impuestas por OEFA, que superaron los 2 millones 800 mil soles.

 

Desde que Cenzano asumió funciones en OEFA, solo se iniciaron dos procesos de sanción contra la empresa. La primera fue en noviembre de 2012 por un derrame de relave que la minera calificó como “incidente ambiental” en la misma Yauliyacu, donde laboró Cenzano, ubicada en la sierra de Lima, en la provincia de Huarochirí.

 

Con respecto a la intervención directa que podría haber tenido Cenzano en estos dos casos, el ingeniero señala que ocupó el cargo de tercero supervisor en OEFA desde julio del 2012 a julio del 2018 y que, como tal, no realizó supervisiones a Los Quenuales.

 

Otro supervisor del OEFA que trabajó en una minera infractora es el ingeniero ambiental Gonzalo Iván Castillo Faura, quien ocupa el cargo de supervisor en la coordinación de supervisión ambiental en minería, función que cumple desde julio del 2018.