Minería, consumo y energía impulsaron el mercado de fusiones y adquisiciones en 2018

 En 2018 se realizaron 94 transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) en las cuales Perú fue el principal país de domicilio; dichas transacciones se incrementaron en 36,2%, en comparación con el número de transacciones realizadas en 2017.

El volumen total negociado alcanzó los US$6.190 millones, superando en un 54.7% el resultado del año 2017. Esto se explicaría por la mayor ejecución de transacciones de tamaño mediano y grande en el primer y último trimestre del año, según señala el “Estudio sobre Fusiones y Adquisiciones 2019” de PwC Perú.

El sector que concentró la mayor parte de las M&A realizadas en 2018 fue industria (23%), seguido por consumo (18%), minería y materiales (17%), energía (15%), financiero (10%) y otros (17%). En el año 2017, el sector energía había concentrado el 35% de las transacciones ejecutadas en ese año.

Algunas de las transacciones más representativas de 2018, según el monto negociado, son la venta de la planta hidroeléctrica Chaglla a China Three Gorges Corp., por un valor aproximado de US$638 millones, la compra de Quicorp S.A. por parte de InRetail Perú Corp. (US$583 millones), la adjudicación del proyecto Michiquillay a Southern Cooper Corp. (US$400 millones), y la compra de Corporación Pecsa S.A. por parte de Primax S.A. (US$320 millones).

Por otra parte, el estudio de PwC Perú también incluye resultados de una encuesta realizada a empresas acerca de sus experiencias y perspectivas sobre el mercado de fusiones y adquisiciones en el país. En este sentido, las empresas encuestadas afirmaron que el principal riesgo asociado al proceso de M&A, en los próximos 18 meses, es la falla en lograr una integración efectiva (41%), mientras que el principal impulsor de esta actividad corresponde a las mayores oportunidades de expansión en la región (35%). Cabe destacar que, actualmente, se cuenta con un proyecto de ley de control previo de las fusiones y adquisiciones en Perú, el cual fue aprobado por la Comisión de Economía del Congreso de la República; no obstante, aún está pendiente la aprobación por parte de la Comisión de Defensa del Consumidor. Las empresas encuestadas por PwC consideran que esta ley tendría un impacto moderado en el país.