Covid-19: mineras peruanas podrían enfrentar un nuevo ciclo de conflictos sociales

El sector minero podría estar encaminándose hacia un nuevo ciclo de conflictos sociales. A la ya compleja situación socioeconómica en la zona de influencia de algunas operaciones mineras antes del estado de emergencia, se suma la cercanía de las elecciones generales del 2021 y un nuevo frente de controversias: los mismos trabajadores mineros. Las compañías más perjudicadas serían aquellas que no amplíen sus protocolos sanitarios para atender a las comunidades en sus zonas de influencia y que no logren llegar a acuerdos con sus empleados.

El estado de emergencia es un catalizador de potenciales conflictos mineros. Desde mediados de marzo hasta el 8 de mayo, la Defensoría del Pueblo ha detectado 26 casos relacionados al sector en once regiones del país. La conflictividad no recae únicamente en el descontento de las comunidades en las zonas de influencia de las operaciones mineras: 15 de dichos casos están relacionados a demandas de los propios trabajadores. “Ahora tienes dos frentes, el de trabajadores y el de comunidades. Trabajas con los nuevos hechos producto del Covid-19, pero también con aquellos que vienen de antes, cuyas agendas y mesas de diálogo han quedado suspendidas”, señala Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.

La mayor precariedad económica por la prolongación del estado de emergencia, así como la falta de acceso a servicios de salud, han agudizado la resistencia de las comunidades al reinicio de las operaciones mineras. “Es evidente que el país se ha empobrecido en estos meses, lo cual contrasta con las operaciones mineras. Es una brecha que sigue en evolución y que se puede acentuar”, explica Jeffrey Radzinsky, director de Grupo Fides (GFP). “El discurso gubernamental no ayuda, porque te dice que te quedes en casa pero no te da alternativas de convivencia. La primera respuesta en muchas comunidades fue poner una cadena y que no pase nadie. El riesgo es que las comunidades piensen que se puede evitar totalmente la propagación del virus y que no se desarrolle una nueva normalidad”, afirma Gonzalo Quijandría, gerente de asuntos corporativos de Minsur.

Algunas mineras han optado por ir más allá de los protocolos. “Tenemos nuevos estándares de acuartelamiento que se han ampliado a los contratistas, y se ha convenido en jornadas más amplias, de hasta 30 días en mina y 15 de regreso en los hogares”, señala Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura. “Hemos suscrito un protocolo específico para la comunidad. Hemos logrado impulsar la formalización de algunos negocios: nos han pedido de ayuda para hacer pruebas rápidas en los mercados y apoyo en la cadena de suministro; incluso para lograr certificaciones. Si antes había poca presencia del Estado, hoy el abandono es absoluto”, explica Quijandría, de Minsur.

Variables como las elecciones generales del 2021 o la crisis económica hacen más compleja la ejecución de estrategias efectivas de comunicación y relacionamiento comunitario. “No es lo mismo trabajar a menos de un año de la campaña electoral que cuando estás a la mitad de un periodo de gobierno; no son los mismo los planes de comunicación cuando has suspendido tus proyectos de RSE. La minera no puede reducir la brecha social o solucionar el problema del empleo, pero sí hay algunas que proveen de oxígeno, generan infraestructura para la crisis y logran adaptar su estrategia y comunicación a la coyuntura”, explica Radzinsky.

Las fuentes consultadas coinciden en que, si bien se daría un aumento de los conflictos sociales en el segundo semestre del 2020 por la convergencia de la campaña electoral, el aumento del desempleo y la pobreza, y la migración interna (hay 104 casos, según la Defensoría), no necesariamente todas las mineras serán afectadas. “Es una coyuntura en que las relaciones pueden mejorar enormemente, pero debe ir más allá de sus trabajadores y trabajar en un plan con las autoridades locales y las comunidades”, asegura Luque. Así, quienes hayan desarrollado una relación cercana con trabajadores y comunidades antes del estado de emergencia y adapten sus protocolos de seguridad a la coyuntura estarían en menor riesgo.