Estado peruano recupera más de US$ 1.9 millones en oro de origen ilegal

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El Estado peruano logró recuperar más de 35 kilogramos de oro de procedencia ilegal, valorizados en cerca de US$ 1.9 millones, como resultado de un proceso de extinción de dominio impulsado por la Cuarta Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima. El mineral, al no acreditar un origen lícito, pasará definitivamente a propiedad del Estado.

La medida judicial comprende cuatro barras de oro, con un peso total de 35.32 kilogramos, las cuales estaban vinculadas a actividades de minería ilegal. Tras el análisis de la documentación presentada, se determinó que ni la empresa comercializadora ni sus proveedores lograron sustentar que el mineral proviniera de concesiones mineras formalmente constituidas.

De acuerdo con la investigación fiscal, los proveedores involucrados no contaban con la capacidad técnica, operativa ni logística necesaria para producir las cantidades de oro que habrían comercializado, lo que reforzó la conclusión de su vínculo con actividades ilícitas. Este factor fue determinante para que el Poder Judicial declare fundada la extinción de dominio.

Desde el sector minero, este tipo de acciones resulta clave para fortalecer la trazabilidad del mineral, mejorar los procesos de fiscalización y proteger a la minería formal, que opera bajo estándares legales, ambientales y de seguridad. Además, contribuye a desarticular economías ilegales que afectan la competitividad del sector y generan impactos sociales y ambientales negativos.

La recuperación de estos activos reafirma el compromiso del Estado peruano en la lucha contra la minería ilegal y en la promoción de una minería responsable, formal y sostenible, alineada con las exigencias del mercado y las políticas de desarrollo del país.

Desde la perspectiva de la industria minera formal, esta decisión refuerza la seguridad jurídica y la transparencia del mercado, al enviar una señal clara de que el Estado está fortaleciendo los mecanismos de control sobre la procedencia del mineral. La extinción de dominio no solo sanciona actividades ilegales, sino que también desincentiva la compra y comercialización de oro sin trazabilidad, reduciendo la competencia desleal que enfrentan las empresas que cumplen con la normativa ambiental, laboral y tributaria.

Asimismo, este tipo de intervenciones contribuye directamente a impulsar los procesos de formalización minera, al cerrar espacios a la informalidad y exigir mayores estándares de control en toda la cadena de valor. Para la minería responsable, estas acciones son clave para preservar la reputación del sector, mejorar la confianza de inversionistas y asegurar que la actividad minera se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad, legalidad y respeto al marco regulatorio vigente.