Hochschild denuncia invasión ilegal en la Unidad Minera Inmaculada

En la madrugada del viernes algunos pobladores del Anexo de Huancute han cortado la malla metálica que se encuentra en el perímetro de la Unidad Minera Inmaculada (“Mina Inmaculada”), con el fin de invadir ilegalmente la propiedad privada, lo cual constituye tanto delito de usurpación, como delito de daños materiales.

Compañía Minera Ares ha tomado conocimiento de un plan orquestado por los pobladores del Anexo de Huancute y sus asesores de invadir ilegalmente y con uso de la fuerza la Unidad Minera Inmaculada (“Mina Inmaculada”) ubicada en Ayacucho.

Cabe precisar que la Mina Inmaculada realiza sus actividades en terrenos sobre los cuales tiene servidumbres mineras otorgadas por los propietarios de dichas tierras, en virtud de los contratos de servidumbre suscritos con el Estado y con la Comunidad

Campesina de Huallhua. Además, cuenta con derechos de posesión otorgados por posesionarios del propio Anexo de Huancute y por la Asociación Qatary Huancute.

Compañía Minera Ares responsabiliza de antemano a los dirigentes del Anexo de Huancute y sus asesores por cualquier hecho de violencia que se pueda suscitar ante esta ilegal y arbitraria acción.

‘Lamentablemente, no es la primera vez que se realizan actos que atentan contra nuestra legítima posesión sobre el área en mención. Cabe precisar que, en varias oportunidades, grupos de pobladores han ingresado sin autorización a nuestra propiedad a pesar de los reiterados pedidos para que no ingresen al área industrial de la Mina Inmaculada’. Sostuvieron desde la compañía minera.

Compañía Minera Ares ha procedido a realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, sobre estos actos atentatorios a la ley.

En ese sentido, alertaron a las autoridades para que intervengan garantizando el orden, así como la integridad de los más de 1,700 colaboradores de Compañía Minera Ares que trabajan en la Mina Inmaculada y eviten hechos que podrían generar violencia y daños materiales, como corresponde en un Estado de derecho.