Minería: ¿Qué se viene para el cobre, zinc y oro en el 2018?

El incremento del precio del cobre, el zinc y el oro este año ha devuelto el optimismo al sector minero, tras un lustro de merma que provocó la reducción de presupuestos para inversión en nuevos proyectos.

En el 2017 esa tendencia se comenzó a revertir. Uno de los hechos más relevantes fue la reactivación de la inversión privada en exploración, que según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se expandió 15% en agosto pasado respecto al mismo mes del 2016.

En efecto, grandes compañías como Buenaventura y Antamina hicieron públicas sus estrategias de crecimiento. La primera inició un programa de exploración de cobre en Pasco (Marcapunta) y anunció la construcción de Trapiche (en Apurímac). De igual manera apostarán por el oro, en San Gabriel (Moquegua), y por la plata, con la expansión de Uchuchaccua (región Lima). En el caso de Antamina, tras dos años de expansión de su operación en Áncash, reportó un incremento de 73% más en producción de zinc y prevé incrementarla en 14% el 2018 (todo ello en cuanto a volumen).

El despegue de los precios del cobre y zinc también convenció a la corporación suiza Glencore sobre un plan en cola: consolidar su posición en Volcan. Así, a mediados de noviembre acumuló el 55% de sus acciones. Volcan ya había anunciado que estaba en búsqueda de oportunidades de cobre en Junín (cerca a la mina Toromocho de Chinalco, Chumpe y Carhuayán) y Pasco (Rica Centena).

Los proyectos mineros junior también han dado que hablar y suman a la reactivación. Tinka Resources, con Ayawilca (el primer yacimiento de estaño del centro del país); Antakori de Regulus Resources, Yumpag de Buenaventura, Quicay II de Corporación Minera Centauro, Quecher Main de Yanacocha, Taucane de Minsur y Pevoy y Tororume, de Pembrook, podrían formar la próxima generación de proyectos, como lo reportó Día1 en abril pasado. Los dos últimos podrían convertirse en megaproyectos.

FUNDAMENTOS

Los motores del alza de los tres metales se mantendrán encendidos en el corto y mediano plazo, según han comentado diversos analistas a nuestro suplemento.

Se espera que China, que consume el 46% de cobre del planeta, crezca 7% en el segundo semestre del 2018. El dinamismo se explica por los proyectos de infraestructura que se desarrollarán en el gigante asiático. Otro factor que sostendrá la tendencia es la falta inmediata de oferta global de cobre y zinc. En el caso del segundo, por ejemplo, la oferta cayó en 45% entre enero y octubre pasado. La reducción de la producción en China de este último metal –usado para galvanizar acero– por mayores controles ambientales, incide en la contracción.

Además, a mediano plazo la demanda estará alentada por la industria fabricante de autos eléctricos, que hacia el 2020 serán conducidos por hasta el 9% de la población mundial, de acuerdo a Deloitte. Para entonces, según el Banco Mundial, el precio del cobre aumentaría 15,7%.

RIESGOS EN AGENDA

En ese contexto, el Perú podría verse beneficiado. No solo porque está en el centro del radar de los inversionistas (este año el Instituto Fraser lo calificó como el país más atractivo de Latinoamérica para atraer capital para exploración, desplazando a Chile); sino porque cuenta con potenciales proyectos (la cartera identificada está valorizada en unos US$51.000 millones). “Perú sí los tiene [proyectos], es una excepción mundial”, afirmó a El Comercio, en noviembre pasado, Juan Carlos Fajardo, CEO de la consultora Plusmining.

No obstante, esta nueva ola –como la ha calificado la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper– no está exenta de riesgos. “Desde el punto de vista técnico (factibilidad), esos proyectos deberían salir en los próximos cuatro o cinco años”, indicaba a Día1 en julio pasado el CEO de Alturas Minerals, Miguel Cardozo, haciendo especial referencia a los proyectos de Tía María y Conga y a la conflictividad social que causó sus respectivas paralizaciones.

Pero las demoras también pueden ser aprovechadas, sugiere Víctor Gobitz, CEO de Buenventura. A su juicio, el aplazamiento hasta febrero próximo de la licitación del proyecto cuprífero Michiquillay, valorizado en US$2.000 millones, debería ser aprovechado para consolidar un acuerdo previo sobre las tierras a emplear con las dos comunidades campesinas cajamarquinas que viven en la zona de influencia, “Así le quitamos el riesgo social”, apunta.

En materia jurídica, la incertidumbre se enfoca en dos asuntos sin definición en el 2017 y que pasan a la agenda del 2018: la aprobación del reglamento de protección ambiental para las actividades de exploración minera y la ley de cabecera de cuencas, pendientes de promulgación y aprobación, respectivamente.