Plantean establecer un sistema nacional de trazabilidad para evitar el procesamiento de oro ilícito

Se debe establecer un sistema nacional de trazabilidad del oro, que garantice la certificación del producto desde su extracción hasta su comercialización, así lo planteó el presidente de Compañías de Minas Buenaventura, Roque Benavides.

La importancia radica en que, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, la mayor parte de la actividad minera formal está vinculada al oro. A agosto de este año, de 514 titulares mineros que reportaron operaciones en general, 273 empresas realizan actividades relacionadas al oro, cifra superior a las 56 compañías vinculadas al cobre, y en menor medida al zinc, plata, plomo, hierro, molibdeno, etc. Esto sumado a la cotización internacional del oro que rompió la barrera de los US$4,000 por onza pronosticados recién para el cierre de este año.

Origen dudoso y debilitamiento

Para el empresario es necesario fortalecer la trazabilidad de la producción aurífera nacional en las plantas procesadoras, pues existe el riesgo que con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sumado al vacío normativo existente algunas plantas en el país se hayan convertido en un canal para legalizar ese mineral de origen ilícito.

“En el mundo ya no se compra oro sin trazabilidad. A las empresas formales nos exigen todo tipo de certificaciones, mientras los informales pasan desapercibidos”, comentó el ejecutivo en el diario Gestión.

Ese temor latente sobre las plantas de procesamiento constituye un eslabón débil en la lucha contra la minería ilegal, pues su debilitamiento se concretaría si la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprueba el proyecto de ley que busca ampliar la vigencia del Reinfo hasta el 2026. 

Cabe precisar que otra advertencia que trae consigo la extensión del Reinfo es que se dejaría sin efecto la exclusión de más de 50,000 mineros que no cumplieron con los requisitos para su formalización, pues ello abriría nuevamente la puerta a las casi 6,000 plantas de beneficio que les prestaban servicio en instalaciones sin mayor control y sin determinar si el oro acopiado tenía procedencia formal o ilegal.