Solicitudes de títulos mineros en Colombia incluirán consideraciones ambientales más estrictas

El Consejo de Estado de Colombia, que es el tribunal supremo con competencia en materia contencioso-administrativa, dispuso que el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Minería (ANM) deben “corregir el déficit de protección ambiental que se evidencia en la normativa minero-ambiental en lo que se refiere a la otorgamiento de títulos mineros”.

Para que este mandato entre en vigencia, el Consejo dijo que la ANM, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía deben actualizar los trámites requeridos para el otorgamiento de títulos mineros. Tal actualización implicaría agregar al trámite las prohibiciones y restricciones a la explotación de recursos subterráneos establecidas en las sentencias de la Corte Constitucional C-339 de 2002, C-443 de 2009 y C-389 de 2016.

“Este es uno de los ocho autos emitidos por el alto tribunal a raíz de una iniciativa popular que expuso la vulneración de los derechos colectivos al disfrute de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales , la conservación de especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica y la defensa del patrimonio público”, dijo el tribunal en un comunicado de prensa . 

Según el Consejo de Estado, estos derechos fueron vulnerados como consecuencia de la desarticulación institucional entre los sectores minero y ambiental, que fue impulsada por la falta de información y planificación minero ambiental en todo el país. También se señalaron las deficiencias en la forma de monitorear las concesiones mineras como problemas que afectan la correcta aplicación de las normas mineras.

La decisión del tribunal se emitió luego de una denuncia de ocho organizaciones y 30 ciudadanos individuales, quienes presentaron pruebas que muestran una serie de lagunas en el procedimiento actual para la evaluación de propuestas y la inspección de títulos mineros. Según los denunciantes, tales puntos débiles podrían dar lugar a acciones que afectarían el medio ambiente de forma irreversible.